Rosario, 7 de junio de 2010. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones miembros de la Agenda Socioambiental de Santa Fe y vecinos se reunieron con el Ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, para manifestar su preocupación por la dispersión de tóxicos sobre los cultivos que irremediablemente afectan a la población.

Consideraron que una agricultura rentable y sustentable, digna de ser defendida es aquella que respeta a la vida de los seres humanos y al resto de los seres vivos, con los cuales somos interdependientes.

En una nota entregada al Ministro, junto a otros materiales, sostuvieron que “año tras año se van conociendo nuevos estudios a través de los cuales se conocen los verdaderos efectos en la salud de los seres humanos por estar en contacto con los agrotóxicos. El listado de enfermedades asociadas a plaguicidas del tipo organoclorados son un indicador de las medidas urgentes que hay que tomar para alejar estas sustancias de la vida cotidiana”.

También se refirieron a la situación de vecinos afectados por el otro eslabón de la cadena del modelo agroexportador, por el traslado, almacenamiento de granos y producción de aceites, refiriéndose a los casos de fumigaciones en los mismos camiones que se vinculan con la muerte de los conductores. En lo referente al almacenamiento de granos estudios recientes de calidad de aire, han dado cuenta de la concentración de micropartículas por encima de los niveles permitidos y que su presencia en el aire se relaciona directamente con enfermedades en las vías respiratorias y daños al corazón.

Por su lado Cappiello afirmó su posición de modificar la Ley 11.273, y de dejar una franja de 1.000 metros a partir de áreas urbanas donde no se permita la fumigación terrestre, como así también de prohibir la siembra con soja en las banquinas de las rutas provinciales.

La organizaciones nucleadas en la Agenda Ambiental Santa Fe (1) además entregaron a Capiello una propuesta sobre la viabilidad de avanzar en otras formas de producción en Santa Fe, sin agrotóxicos, generadora de empleo y de fortalecimiento al desarrollo local. Reafirmaron también la urgente necesidad de aplicar el principio precautorio, de jerarquía constitucional y fundamental al momento de proteger a la salud pública.

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe quedó el compromiso de abrir un espacio de dialogo permanente con las organizaciones y avanzar en la comisión interministerial, donde se impulsen estudios epidemiológicos cuyos resultados permitan diseñar y controlar planes de remediación e implementar medidas efectivas de prevención, particularmente en lo que hace la legislación sobre el tema.

Contactos para la prensa:

• Cecilia Bianco, coordinadora Área Tóxicos Taller Ecologista: 0341-156626962
• Liza Tosti, Programa Argentina Sustenblae (PAS) Santa Fe: 0342-155109426
• Eduardo Spiaggi, Centro de Estudios Ambientales. Facultad de Cs. Veterinarias, UNR: 0341-155119635

DESCARGAR  Nota Ministro Cappiello 4 de junio 2010

Por Darío Aranda

La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.

San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.

En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.

Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).

El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (…) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.

En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.

La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.

Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.

El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).

La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.

En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.

“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (…), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (…) así lo determinan”.

El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”

El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.

Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.

Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.

FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142032-2010-03-15.html

“PREOCUPACIONES Y PERPECTIVAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

Miércoles 2 de diciembre – 18,30hs

– Aula Magna de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Ciudad Universitaria

Disertante: Dr Vicente Barros

Doctor en Meterología – Investigador Superior del Conicet – Profesor Emérito UBA –

Acto de Apertura:

Arq. Miguel Yrigoyen – Vicerector a cargo del rectorado de la UNL –

Ing. Mario Schreider – Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – FICH –

Sr Carlos A. Manessi – Presidente del Centro de Protección a la Naturaleza –

Organiza:

Universidad Nacional del Litoral – UNL –

Centro de Protección a la Naturaleza – CeProNat –

Auspician:

• Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe

• Cámara de Diputados de la prov. de Santa Fe.

• ADUL – Asociación Docentes Universitarios del Litoral

• ATE – Asociación Trabajadores del Estado.

• FOROBA – Foro del Buen Ayre.

Esta Jornada a sido declarada de “su interés” por:

Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe -

Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe –

Otras actividades:

9,30hs –Conferencia de Prensa –Sala del Consejo Superior – Rectorado UNL -

10,30hs – Mesa de Dialogo y Debate–Para representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y responsables de políticas públicas. Informe del Dr Barros.

Moderador: Ing. Gustavo Menendez – Secretario de Extensión de la UNL.

Lugar: Sala del Consejo Superior del Rectorado de la UNL.

“El Cambio Climático es el gran desafío del siglo XXI. La actividad económica crece a tasas porcentuales mayores que la población, lo que es insostenible, produce un conflicto entre los recursos finitos y el crecimiento ilimitado. Al punto de quiebre del crecimiento se puede llegar a través de un proceso conciente y ordenado a partir de decisiones políticas o simplemente a través de un cambio impuesto por la catástrofe ambiental. Observando la situación actual estamos más cerca de la catástrofe que del cambio por decisiones políticas.” -( del libro del Dr. Vicente Barros “El Cambio climático Global”)

La intencionalidad de la actividad será visibilizar y poner en debate las experiencias e iniciativas susceptibles de implementarse a nivel local y regional que promuevan emprendimientos productivos con carácter comunitario desde una perspectiva de seguridad y soberanía alimentaria.

A este objetivo general aportará la disertación de la integrante de la Mesa de Consenso y Gestión del Parque Federal, que relatará el proceso que se viene desarrollando en ese ámbito interinstitucional, entendido como una herramienta de construcción colectiva en pro de la construcción de un espacio público y saludable para la ciudad.

Por su parte, el Ing. Agr. Antonio Lattuca comentará la experiencia de los parques-huertas, que en el marco del Programa de Agricultura Urbana, se erige como una propuesta integral para los sectores más vulnerables del radio urbano de la ciudad de Rosario.

Por último, el Lic. Mauro Casella, socializará los avances del Programa Provincial de Agroindustria Familiar, iniciativa de reciente implementación, que propone fortalecer el desarrollo socio-productivo de los territorios rurales de la provincia con el fin de promover el arraigo y la integración de los pequeños y medianos productores.

Agradecemos la difusión de la actividad

Organiza

Dirección de Ordenamiento Territorial-Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe

Mesa de Consenso y Gestión del Parque Federal de Santa Fe (ACIPA, Asamblea por el Derecho al Agua, Asociación Amigos Plaza 9 de Julio, Asociación Comerciantes Av. Gral. Paz, Asociación Parque Federal, Asociación Vecinal Gral. Alvear, Centro Friulano de Santa Fe, Centro de Extensión UNL Guadalupe, Centro de Estudiantes Escuela ‘Alte. Brown’, Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, E.E.M. Nro. 231 ‘Rep. Nicaragua’, E.E.T. Nro. 479 ‘Dr. M. Pizarro’, Esc. Esp. Nro. 2008 ‘Dr. Vázquez’, Jardín de Infantes Nro. 2, Nodo Sta. Fe Red PPGA-FLACSO, Programa Argentina Sustentable, Centro de Protección a la Naturaleza, Consejo Municipal, Coord. Deportes – Gob. de la Ciudad, Coord. Dist. Este – Gob. de la Ciudad y Coordinación Municipal del Parque).

Contacto e informes

Martín Morales – Programa Argentina Sustentable 0342-4977159 ó 155-007537

Santa Fe, 2 de julio de 2009. Culminando el mes del ambiente y en el marco de actividades realizadas en la provincia entre organismos de gobierno y sociedad civil, los ambientalistas santafesinos realizaron una evaluación a casi dos años de transcurrida la gestión actual.

En agosto de 2007, más de treinta organizaciones sociales y ambientales presentaron Una Agenda Socioambiental para Santa Fe (1), con el fin de instalar en la agenda política pública los temas que consideraban impostergables para ser debatidos y encarados desde la gestión de gobierno.

A casi dos años de esa propuesta, el 24 de junio en la ciudad de Santa Fe se realizó el Panel-Debate ‘Balance de la Agenda Socioambiental de Santa Fe a dos años de su construcción’. Del mismo participó el Secretario de Medio Ambiente, César Mackler acompañado del Subsecretario de Gestión Ambiental, Carlos Martín. Posteriormente se presentó el documento Una propuesta agroecológica para la Provincia de Santa Fe (2), consensuada durante el 2008, a cargo de Eduardo Spiaggi, referente de la Cátedra FODEPAL de la UNR y de Celina Vénica, productora agroecológica del norte santafesino. La moderación de la actividad estuvo a cargo de Liza Tosti del Programa Argentina Sustentable Regional Santa Fe.

Las organizaciones de la Agenda que estuvieron presentes y presentaron sus puntos de vista fueron el Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Unión de Usuarios y Consumidores, Parque Federal, Fundación PROTEGER, Centro de Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Cátedra FODEPAL de la UNR, Programa Argentina Sustentable, Multisectorial de Santa Fe por el Derecho al Agua, Taller Ecologista, Granja Naturaleza Viva además de vecinos, investigadores y comunicadores.

Los integrantes de la Agenda señalaron avances y aspectos positivos de la gestión, y también realizaron críticas y marcaron todo lo que aún consideran resta hacer. Iniciaron el debate en el aspecto de participación y acceso a la información, reconociendo que si bien hay varios ejemplos que demuestran la voluntad de dar espacio a la participación ciudadana, suelen limitarse a la “militancia política” y sigue siendo espasmódica y de poca o escasa incidencia en la toma de decisiones. Destacaron que siguen acéfalos organismos importantes como la Defensoría del Pueblo y el ENRESS donde podrían canalizarse inquietudes, reclamos y planteos de los ciudadanos.

El punto más criticado fue respecto a la política productiva orientada a la exportación. El cambio de uso de pequeñas producciones retornando al cultivo de hortalizas y verduras se ha debido a consecuencias económicas más que a políticas públicas. “A principios de esta gestión de Gobierno fue anunciado que se prohibiría la siembra de soja en las banquinas de la autopista y demás rutas de la provincia, y se restaurarían como corredores biológicos de pastizales naturales. Esto no se ha concretado hasta el momento”, sostuvo Elba Stancich, de Taller Ecologista (Rosario).

Al respecto repudiaron el auspicio del Gobierno de Santa Fe, en particular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Municipalidad de Rosario al Primer Foro del Negocio Global de la Biotecnología Vegetal, realizado el 18 y 19 de junio de 2009 en la Bolsa de Comercio de Rosario que cuenta como sponsors a Monsanto, Nidera, BASF, Bayer, Syngenta, Roche, Bioceres, Pioneer, Dow AgroSciences entre otros.

Exigieron la modificación de la Ley de Fitosanitarios, haciendo prevalecer su objetivo de protección a la salud humana, y que el poder Ejecutivo debe realizar gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a los fines de disponer la recategorización del Glifosato como producto altamente tóxico.

Entre los aspectos que consideran positivos mencionaron entre otros la elaboración del mapa preliminar de ordenamiento de bosques nativos, la cesión de territorio provincial para la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, el Plan de arbolado “Por cada santafesino, un árbol”, el diagnóstico realizado en la Cuenca del Arroyo Saladillo por las Secretaría de Aguas y la de Medio Ambiente, y las iniciativas que comienzan a concretarse desde el ámbito de Producción, para conservación de los recursos pesqueros.

Otro aspecto sobre el que se explayaron los funcionarios es la creación de una comisión interministerial (Salud, Trabajo, Producción y Ambiente) para seguimiento de los casos de denuncias relacionando afectaciones a la salud por agroquímicos y otras sustancias tóxicas.

Consideraron insuficientes los avances en la temática de áreas naturales protegidas (ANP), y la necesidad de sumar más superficie de reservas o parques nacionales para salvaguardar los escasos bosques y humedales naturales que restan en Santa Fe (3).

(1) Disponible en http://agendasantafe.org.ar

(2) Ver propuesta en: http://agendasantafe.org.ar/press/wp-content/documento-agroecologia-version-final.pdf

(3) El documento de evaluación estará disponible en http://agendasantafe.org.ar a partir del 15 de julio.

El modelo agropecuario hegemónico, tal como quedó demostrado con la crisis desatada en marzo de este año, es altamente vulnerable en términos sociales, ambientales y económicos.

Este sistema ‘productivista’ que se ha implementado en las dos últimas décadas en nuestra provincia está provocando el agotamiento de los suelos, la degradación de los cursos de agua, la pérdida de biodiversidad, inseguridad alimentaria y concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos. Este modelo de agricultura, que expulsa a campesinos/as y obreros/as rurales, elimina la producción de alimentos sanos, sustituyéndolos por monocultivos que precisan de un paquete tecnológico importado, cuyo fin último es producir materias primas para alimento animal, en su mayoría, exportables a países centrales. En Argentina el despoblamiento rural, la desertificación, la contaminación, el deterioro general de la salud, la fragilidad y la dependencia son resultados concretos de este paradigma.

Valga como ejemplo de la descripción precedente lo sucedido en la provincia respecto a la concentración de la tierra y a la disminución de puestos de trabajo en los últimos años. Los datos estadísticos oficiales demuestran que entre los censos 1988/2002 se perdieron 85.000 explotaciones a nivel nacional mientras que en el sector agropecuario de la provincia de Santa Fe hubo una desaparición neta de 8.828 explotaciones (se perdieron 9.514 de escala pequeña y aumentaron 686 las de los estratos más grandes). Esto se tradujo en la disminución real de más de 30.000 puestos de trabajo rural, familias que en un importante porcentaje emigraron a los grandes conglomerados urbanos.

Actualmente las explotaciones de más de 2.500has representan el 2,3% de los establecimientos y ostentan el 33% de la tierra. El segundo segmento, los medianos (entre 500 y 2.500has) representan el 14,7% de los establecimientos y tienen el 36,9% de la tierra, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (menos de 500has) representan el 83% de las explotaciones y poseen el 30% de la tierra. Así el grupo de grandes y medianos establecimientos que representan solamente el 17% de las explotaciones, aglutinan prácticamente el 70% de la tierra productiva.

En la Agenda Socioambiental de Santa Fe¹, ya se aludía claramente a los enormes pasivos sociales y ambientales de este modelo productivo primario exportador. Consideramos ahora que es necesario comenzar a diseñar alternativas de transformación.

¿Qué modelo productivo proponemos para Santa Fe?

Organizaciones sociales, productivas y ambientales de la provincia, confluimos durante el año 2008 para elaborar una propuesta que permita construir Modelos de Producción con bases Agroecológicas para Santa Fe; que contemplen su vasta riqueza bio/socio/cultural.

Postulamos la urgente necesidad de recrear un modelo productivo basado en la sustentabilidad, que contemple una dimensión social en términos de acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto intrageneracionales como intergeneracionales, entre géneros y entre culturas; una dimensión ecológica, que implica preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad y, por último, una dimensión económica que exige priorizar las producciones locales y diversificadas adaptadas a las características de los diferentes ecosistemas presentes en el territorio provincial, especialmente para la producción de alimentos.

La riqueza de la biodiversidad de la provincia brinda oportunidades inigualables para promover modelos productivos que prioricen la producción de alimentos sanos. Así lo demuestran experiencias productivas agroecólogicas que se han desarrollado en la provincia, viables económicamente y adaptables diferentes ecosistemas y escalas.

La diversidad ecoregional que posee Santa Fe permite, en armonía con la preservación biológica y respetuosa de las culturas locales, impulsar Unidades Productivas de Desarrollo Integral. Básicamente sus características principales podrían sintetizarse en garantizar el acceso equitativo a los bienes naturales y recuperar el uso social de la tierra; la diversidad productiva, la eliminación del uso de agrotóxicos; el desarrollo local como eje de transformación comunitaria; la utilización de tecnologías apropiadas, los procesos de transformación; la comercialización y la necesaria organización y participación en el diseño e implementación de la propuesta de los actores locales.

Apelamos a recuperar el rol protagónico del Estado en relación al acceso y al uso de los bienes naturales. Y, de hecho, consideramos impostergable la necesidad de impulsar políticas públicas que limiten los efectos adversos de la producción agropecuaria industrial y de manera efectiva impulsen la producción agroecólogica en la provincia.

Asimismo reivindicamos la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones sólo posible en estructuras de gobierno descentralizadas y democráticas.

Propuestas consensuadas

> En relación a la Infraestructura

• Es necesario garantizar, crear y/o mantener infraestructura adecuada para promover y sostener el desarrollo rural (caminos, electricidad, reservorios de agua, viviendas con materiales apropiados, entre otros de relevancia).

• Se requiere adoptar un uso racional de la energía y promocionar fuentes energéticas renovables y sustentables: instalación de biodigestores, molinos de vientos, pantallas de energía solar, forestación para biomasa (madera, leña y cortinas).

• Se torna imprescindible proteger y promover el uso sustentable del monte nativo aún existente en la provincia, hoy devastado irracionalmente. Paralelamente es necesario reglamentar la regulación, de manera sistemática, sobre la proporcionalidad de áreas cubiertas con bosques (nativos o implantados) para las necesidades productivas y la armonía del ecosistema.

> En relación a la Producción

• Es necesario desarrollar políticas públicas pertinentes, en forma urgente y planificada, para la ejecución de Unidades Productivas de Desarrollo Integral, donde el Estado, a través de mecanismos idóneos, promueva y facilite el acceso a la tierra a campesinos/as, indígenas, obreros/as, asociaciones, cooperativas y comunidades locales.

• Contemplar diversos incentivos económicos (subsidios, créditos blandos, reducciones impositivas) destinados a la producción, industrialización y comercialización con bases agroecológicas.

• Fomentar la agricultura urbana y periurbana con bases agroecológicas, como herramientas efectivas para la creación de puestos de trabajo dignos, producción de alimentos sanos y suficientes y desarrollo integral de las comunidades

• Incentivar la reconversión de los cinturones fruti-hortícolas existentes en la provincia hacia una producción con bases agroecológicas.

• Promover la producción propia de semillas orgánicas, tanto agrícolas como hortícolas.

• Potenciar el desarrollo de tecnologías apropiadas para este tipo de producciones.

• Crear un banco de insumos para el control biológico de plagas y enfermedades.

• En todos los casos, es decisivo el acompañamiento y compromiso de los organismos técnicos estatales en la puesta en marcha y fortalecimiento de la producción agroecológica (INTA, IPAF, INTI, Escuelas EFA y Agrotécnicas, Universidades) para lo cual se requiere un proceso de formación permanente e intensiva.

> En la relación a la Comercialización

• Es imprescindible crear, fortalecer y sostener ferias francas, espacios privilegiados de vínculo entre los productores y los consumidores.

• Incentivar la creación y la recuperación de mercados municipales de comercialización e intercambio de productos, tanto de alimentos como de insumos.

• Fortalecer las organizaciones de productores, campesinos/as e indígenas.

• Promover y apoyar las asociaciones de consumidores responsables.

> En relación a lo legislativo-normativo

Para el desarrollo de unidades productivas con bases agroecológicas se requiere de una necesaria adecuación, cumplimiento y efectivización de la normativa ya existente, así como el impulso de un cuerpo legislativo complementario que brinde herramientas concretas para el fortalecimiento y la sustentabilidad de la agroecología en la provincia. Entre otros temas prioritarios consideramos urgente:

• Modificar la Ley Nro. 11.273 (incentivar la definición de la línea agronómica y promover en las áreas libres de fumigaciones producciones agroecológicas).

• Adecuar las normas bromatológicas a la producción agroecológica, tal que permita la comercialización a pequeños productores y campesinos/as.

• Establecer legislativamente la prioridad del Estado respecto de la adquisición de tierras ofrecidas en venta, con miras a impulsar programas de repoblamiento rural.

• Preservar los sitios Ramsar a fin de evitar su contaminación (básicamente con agrotóxicos) y promover en los mismos actividades productivas sustentables, adecuadas a las características de los humedales.

> En relación a lo educativo

• Se torna imprescindible instalar y fortalecer capacidades en agroecología en productores, técnicos y organismos de gobierno que permitan desarrollar alternativas y sostenerlas en el mediano y largo plazo.

• Fortalecer las escuelas rurales y agrotécnicas de toda la provincia, en el marco de un programa educativo integral que incentive la agroecología.

• Conformar un Instituto Superior de Formación en Agroecología.

• Promover la creación de contenidos curriculares sobre agroecología, transversales y pertinentes en todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario, terciario y universitario).

• Instalar Granjas Agroecológicas con carácter experimental-demostrativo en cada ecoregión del territorio provincial.

• Promover campañas de sensibilización e información que contemple la elaboración de materiales sobre consumo responsable, alimentos sanos, uso sustentable del territorio y de los bienes de la naturaleza, agua, suelo, entre otros.

Esta propuesta fue construida colectivamente

por las siguientes organizaciones:

> Acción por la Biodiversidad

> Agricultores Federados Argentinos

> Campaña ‘Paren de Fumigar’

> Campaña ‘Paren los Desmontes’

> Cátedra Fodepal UNR

> Centro de Estudios Ambientales. Facultad de Cs. Veterinarias, UNR

> Centro de Protección a la Naturaleza

> Ecosur (Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente)

> Foro por la Soberanía Alimentaria Rosario

> Granja Naturaleza Viva

> Grupo de Agricultura Familiar de Villa Ocampo

> Grupo de Vecinos de Barrio Malvinas de Rosario

> Instituto de Cultura Popular

> Mesa de Agricultura Familiar Norte Santa Fe

> Movimiento Argentino para la Producción Orgánica

> MUYUQUI San Justo

> Programa Argentina Sustentable Regionales Santa Fe y Rosario

> Programa Social Agropecuario Santa Fe

> Proyecto Sur

> Taller Ecologista

Este material puede ser reproducido libremente, total o parcialmente, siempre que sea con fines no comerciales. Agradecemos que sea citada la fuente.

1 Una Agenda Socioambiental para Santa Fe. Construyendo propuestas para sociedades sustentables. Agosto de 2007. Página en Internet: www.agendasantafe.org.ar

Exigimos el inmediato cumplimiento de la Ley 11.273

Los abajo firmantes, integrantes del conjunto de organizaciones adherentes a la Agenda Socioambiental de la Provincia de Santa Fe, nos dirigimos a Ud. a los fines de exigirle que instrumente, con carácter urgente, las medidas institucionales para el inmediato cumplimiento de la Ley de Productos Fitosanitarios Nro. 11.273. Conociendo su compromiso con la salud pública, consideramos inaceptables las condiciones de insalubridad ambiental a la que los/las santafesinos/as estamos expuestos/as a causa de las fumigaciones aéreas y terrestres.

En agosto del año 2007 advertíamos que ‘la apuesta por los cultivos transgénicos clausura el camino para que se desarrollen otro tipo de producciones, más amigables con la naturaleza (…), nos referimos particularmente al monocultivo de soja transgénica, a las fumigaciones indiscriminadas sobre las poblaciones rurales y urbanas y al complejo productivo y científico asociado a este modelo¹‘. El escenario que fue descripto en ese momento no se modificó, por el contrario, son cada vez más recurrentes los reclamos de las comunidades por las fumigaciones indiscriminadas que afectan la salud de los vecinos, contaminan los cursos de agua e inutilizan los suelos.

La aplicación de la Ley Nro. 11.273 sigue siendo el mecanismo que debería controlar y limitar las fumigaciones en las zonas aledañas al asentamiento de las poblaciones. No obstante, el escaso número de inspectores, la falta de voluntad política y la desidia que en general ha caracterizado la Dirección Provincial de Sanidad Vegetal, organismo de control de la aplicación de la ley, han generado una situación de anomia, donde la cada vez mayor cantidad de denuncias no son atendidas, cercenando explícitamente el derecho ciudadano a una vida digna y saludable.

Sin lugar a dudas la Ley 11.273 requiere de modificaciones promovidas por una discusión democrática que convoque a la totalidad de los sectores involucrados, para que realmente no se ponga en riesgo la salud de los santafesinos y se garantice el derecho de producir alimentos sanos a quienes opten por este tipo de prácticas que prescinden del uso de agrotóxicos. En tanto eso suceda, es de vital importancia que el Estado no permanezca paralizado, negando lo que sucede cotidianamente. Debe establecer y rápidamente, los mecanismos necesarios para lograr la efectiva puesta en marcha de ley en vigencia.

Estamos plenamente convencidos que la gestión provincial debe garantizar el cumplimento de las leyes que protegen la ciudadanía, limitando los impactos negativos de la producción agroindustrial y promoviendo políticas públicas que reivindiquen, por fin, el derecho de todos y todas a vivir en armonía con el ambiente.

AMSAFE Provincial-CTERA

Asociación para el Desarrollo Rural (Villa Minetti)

ATTAC-Argentina

Cátedra FODEPAL

Centro de Protección a la Naturaleza

Centro Ecologista Renacer

Comité Movilizador Santafesino del Foro Social Mundial (Canoa, Acción Educativa, Centro de Estudios de Políticas Participativas)

CTA Santa Fe

Foro de Soberanía Alimentaria

Fundación Proteger

Gota a Gota el Agua se agota

Granja Naturaleza Viva

Grupo Génesis

INDESO-Mujer

Programa Argentina Sustentable

Taller Ecologista

1 Una Agenda Socioambiental para Santa Fe. Construyendo propuestas para sociedades sustentables. Agosto de 2007.

La nota se puede descargar desde Documentos en la portada de la página.

El lunes último, los vecinos de San Jorge damnificados por el uso de agroquímicos presentaron un amparo con fundamentación técnica, estudios sanitarios y evidencia de daños ocasionados por los plaguicidas. El juez Tristán Martínez concedió la medida cautelar que fijó un área de exclusión para las aspersiones.

En el orden nacional los representantes legales del Grupo de Reflexión Rural (GRR) solicitaron a la Justicia federal que se investiguen los procesos de aprobación de los plaguicidas. De esa forma se trasladarían los principios de protección evaluados en el barrio Ituzaingó Anexo hacia el resto del país y se plasmaría en el freno preventivo del uso de tóxicos.

Según los ambientalistas el principal escollo que encuentran los legisladores a la hora de tomar decisiones es la presión de las empresas multinacionales y del sector productivo.

El modelo. La soja ocupa el primer lugar de los bienes de exportación en la Argentina. El crecimiento continuo de la superficie de siembra, la evolución técnica de las semillas modificadas genéticamente para tolerar el uso de herbicidas y el uso de tecnologías de siembra directa simplificaron el proceso de las explotaciones agrarias del país. La mejora de los rindes y las condiciones de mercadeo internacionales a precios extraordinarios trajo aparejado el aumento de producción en virtud de la expansión de la frontera de siembra, entre otras variantes.

Con ello, se avanzó sobre otro tipo de producciones, y la soja ganó espacio a la ganadería, la lechería, los cinturones hortícolas, los montes, se instaló a la vera de las rutas de la pampa húmeda y hasta ingresó a la zona de islas. Al gran crecimiento de la producción sojera se sumaron otros impactos, como el empleo masivo de plaguicidas y fertilizantes, denunciados por sus presuntas consecuencias para la salud de la población y el ecosistema, principalmente el de las poblaciones aledañas a campos agrarios.

Para algunos especialistas, el fenómeno se acerca a un “genocidio” que se oculta tras el manto de éxito del modelo agroexportador y de los índices récord de cosechas.

Un documento elaborado por GRR (una ONG que estudia estos fenómenos) menciona al cáncer, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, lupus, problemas renales, enfermedades respiratorias y dermatitis, entre otras afecciones, como consecuencia de un modelo de producción que conlleva el uso masivo de químicos.

Los productos. El herbicida más utilizado en la Argentina es el glifosato, aunque también se emplea 2,4-D (herbicida) y endosulfán (insecticida) para los sembrados de soja, maíz, papa, algodón y maní, entre otros. El primero tuvo en sus distintas formulaciones el beneplácito del sector productivo por su alta eficacia en el control de malezas y por el argumento de su baja toxicidad (se habló incluso de inocuidad) y biodegradabilidad a las pocas horas de aplicado.

Sin embargo, para el biólogo Raúl Montenegro, la clasificación del nivel de toxicidad y la consecuente legislación, se apoyan en un protocolo estandarizado que mide la dosis letal (LD-50) necesaria para matar a la mitad de los animales de laboratorio expuestos al químico. “Ese método protege a las personas de las dosis letales y no contempla los efectos de las intoxicaciones agudas por pequeñas dosis”, explicó.

Para el especialista “ese es el trasfondo dramático. Se elaboran y sancionan leyes que no sirven para proteger la salud. Por lo tanto, los municipios deben recurrir a las franjas de exclusión, aunque tampoco garantizan totalmente la protección a la salud de la población”.

La lucha. El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), GRR, las madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y otras organizaciones de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe comenzaron a impulsar y coordinar actividades con el fin de alertar y concientizar a las poblaciones y comunidades del interior de las provincias sobre los impactos de los agrotóxicos. Sus principios y acciones están comprendidos en la campaña “Paren de Fumigar”.

Según el presidente del Cepronat, Carlos Manessi, “son muchos los ejemplos existentes sobre las consecuencias que acarrean los agroquímicos sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Creemos que no hacen falta más pruebas. Lo que si es necesario es que las autoridades y los productores tomen conciencia de los daños que se generan. Esta forma de producir en base a un paquete tecnológico sólo trae dolor y pobreza para la mayor parte de la población”. Para Manessi, “en Santa Fe no se cumplen las leyes, como la 11.273. Ni este gobierno ni los anteriores hicieron algo para que eso ocurra”.

En 2007, y ante una presentación del Cepronat, la Defensoría del Pueblo de la provincia recomendó a los municipios y comunas y a la Dirección de Sanidad Vegetal (el órgano de control) que se delimiten las líneas agronómicas en las comunas y municipios santafesinos. “Hoy sólo trabajan para delimitar sus líneas un par de comunas y municipios y por efectos de la campaña Paren de Fumigar”, consideró el ambientalista. En numerosas ciudades del interior santafesino la lucha la llevan adelante las asociaciones ambientalistas.

“A esta problemática se le suma la gravísima condición que se da en las escuelas rurales y que nadie parece tener en cuenta”, dijo Manessi, y aseguró que “la mayoría están rodeadas por soja y sus directivos presentaron numerosas denuncias.

Casos emblemáticos. Uno de los casos más llamativos se dio en Arocena, donde un avión fumigó un sembrado de soja, la escuela y los chicos. Fue asentada la denuncia pero hasta ahora nadie actuó”, se quejó el dirigente.

Al respecto, dos docentes de María Juana, movilizadas por un suceso similar, elaboraron un proyecto que entregaron al Ministerio de Educación provincial para resolver la situación. Fundamentalmente plantean la posibilidad de establecer un área de exclusión como se pide en los poblados y educar desde la escuela para generar conciencia.

El caso extremo y por el cual se hicieron eco medios nacionales e internacionales se conoció en 2006, cuando La Capital publicó los testimonios de niños que oficiaban de “banderas humanas” para marcar el paso de las máquinas aplicadoras de agrotóxicos. En la oportunidad relataron cómo la nube generada por los picos aspersores los mojaba íntegramente mientras desarrollaban la tarea.

Uno de esos niños terminó la escuela secundaria y sus padres no tienen posibilidad de brindarle más estudios por falta de recursos. No quieren volver a hablar sobre el tema. Aseguran que sufrieron represalias por ventilar el caso y que “el Estado estuvo ausente” en su contención, a pesar de las promesas.
El amparo interpuesto por la Justicia en la ciudad de San Jorge para proteger a los vecinos afectados por la aspersión de agroquímicos, desencadenó un aluvión de pronunciamientos y profundizó el debate sobre el uso de estos químicos en cercanías de las zonas urbanas. Una discusión que recién empieza y que muestra distintas aristas: la contracara del boom de la soja, la problemática legal, la violación a la normativa y las limitaciones de los municipios en el ejercicio del control. Damnificados, especialistas y funcionarios tienen la palabra.

Soja resistente y plaguicida. Las semillas de soja RR (Resistente al Roundup) usadas en la Argentina son un logro de laboratorios internacionales que mediante modificaciones genéticas obtuvieron variedades resistentes a los plaguicidas.

De ese modo se simplifican las tareas de barbecho mediante el uso de fertilizantes y de laboreo y control de plagas, a través de aplicaciones de insecticidas y herbicidas.

Los métodos más corrientes para la aplicación son a través de mosquitos o aviones.

La contaminación a la población se produce a través de la deriva por el viento durante las aplicaciones, o el traslado terrestre por acción del agua. También hay casos de intoxicación por contacto directo, mal almacenamiento o negligencia en el transporte y aspersión.

La Nación creó este año la Comisión Nacional de Investigación, dependiente del Ministerio de Salud, para investigar, prevenir y asistir casos de intoxicación o afectación del ambiente por agroquímicos. Aún no está en funcionamiento.

La línea agronómica, una solución coyuntural que se respeta poco. La línea agronómica es la delimitación que marca cada comuna a través de la sanción de una ordenanza para proteger las áreas urbanas de la contaminación de químicos agrícolas como insecticidas, herbicidas y fungicidas.

La capital cordobesa y San Francisco (en la misma provincia) son casos testigo en los que la lucha de vecinos y ambientalistas logró que se establezca a 500 metros de la zona urbana. En ese radio no se puede aplicar ningún tipo de plaguicida.

En la provincia de Santa Fe le ley establece restricciones según la clasificación de peligrosidad de los químicos. El glifosato (la multinacional Monsanto la comercializa bajo la marca Roundup) es considerado de baja toxicidad y por lo tanto permitido. En algunas localidades las ordenanzas imponen prohibiciones pero en la práctica, los controles resultan laxos.

Aunque dicen que la respetan, los aviadores aplicadores sobrevuelan los pueblos cuando se dirigen o vuelven del campo. Existe abundante evidencia fotográfica aportada por vecinos y ambientalistas. Los “mosquitos” circulan dentro de las urbes. Son pocas las poblaciones que tienen prohibición absoluta de circulación.

La Capital – 22 de Marzo de 2009

La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

En la provincia de Santa Fe, una de las más adelantadas en el cumplimiento de los pasos que exige la Ley, el Gobernador Hermes Binner firmó un decreto donde aprueba la Primera Etapa del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, que tendrá vigencia hasta que se apruebe una ley provincial específica que se espera esté a mediados de año, ya que es requisito para recibir lo que le corresponda del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

A partir de marzo se desarrollarán talleres abiertos al publico para informarse sobre los alcances del Decreto y hacer aportes al mapa preliminar que pinta de rojo aquellos Bosques que deben preservarse y/o restaurarse si así lo requieren, y de amarillo donde no se puede desmontar pero sí utilizarse previo a establecer planes de manejo que garanticen la sustentabilidad de los mismos.

La firmeza de esta legislación y la capacidad para ejercer los controles, se demostrarán si hay voluntad política para destinar el presupuesto necesario para constatar in situ el cumplimiento y para construcción de capacidades y asistencia técnica para la elaboración y aplización de planes de manejo.

Las organizaciones ambientalistas instalaron un Teléfono Rojo gigante y una cabina en la Plaza Montenegro , en el centro de Rosario. Cientos de personas hicieron largas filas para llamar al (011) 4000-5580, que deriva las llamadas a Presidencia de la Nación para reclamar la urgente reglamentación de la Ley de Bosques y una política firme contra los desmontes.

Desde el martes pasado, día en que se habilitó la línea, más de mil personas se comunicaron a diario con la Casa Rosada. Luego de realizar su reclamo, que en la mayoría de los casos fue asentado por las secretarias de Presidencia con nombre y número de documento, muchos de ellos dejaron sus comentarios en el blog de Greenpeace: www.greenpeace.org.ar/blog

“La respuesta de la gente es impresionante, como sucedió hace un año cuando un millón y medio de argentinos firmaron para que se sancionara la Ley ; lo que demuestra que la deforestación es un tema que le preocupa a gran parte de la ciudadanía argentina. Pero lamentablemente, a pesar de los miles de llamados, desde el Poder Ejecutivo aún no se contesta al reclamo”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

“A pesar de que el borrador de la reglamentación está listo desde hace seis meses, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación pretenden rediscutirlo con los gobiernos provinciales para lavar y flexibilizar la norma. Así, buscan que la reglamentación les permita a las provincias más comprometidas con la deforestación cobrar los fondos que la ley establece y seguir con la fiebre de las topadoras”, afirmó Giardini.

“Esperamos que el Poder Ejecutivo reglamente lo antes posible la Ley de Bosques. Pero es fundamental que se respete su espíritu y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación”, señaló Martín Orecchia, del Taller Ecologista de Rosario.
La Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACION

En Rosario

+ Gonzalo Strano, coordinador de Voluntarios de Greenpeace: (011) 15-3304-3310

+Martín Orecchia, Taller Ecologista de Rosario, (0341) 15-627-9908

+Alejandra Martínez, prensa Taller Ecologista, (0341) 15-696-9635

En Buenos Aires

+ Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, (011) 15-6423-3625
+ Gonzalo Girolami, jefe de Prensa de Greenpeace, (011) 15-3338-3961
+ Oficina de Prensa de Greenpeace: (011) 4551-8811, int. 122/184. Directo: (011) 4554-3553